En el 2014 denuncié penalmente a Felipe Basso (mi primo) de 19 años, del colegio Escuela Cooperativa Técnica Los Andes (ECTLA), por haber abusado de mi desde los siete años, hasta los once años.
A partir de la denuncia recibí diversas amenazas de muerte por parte de mi padre y su famila. Nadie se hizo cargo de mi denuncia, ni siquiera mi defensor Ricardo Mayer.
En mayo de este año (2017) después de mi denuncia en las redes, la causa se reactivó. Debido a la repercusión a nivel nacional que tuvo la denuncia, fui contactada por diferentes medios nacionales y locales (TN, Canaletti Canal 6, ANB, etc.) pero desde El Poder Judicial no se me permitió hablar y dar detalles de los hechos sucedidos, me quitaron mi derecho a contar todo lo que sufrí y estoy sufriendo a partir de la denuncia.
Sumado a esto, mi padre (Daniel Ricardo Alvarez, cómplice, dueño de Taller Mapuches Bariloche), mi tía (Claudia Alvarez, cómplice, madre de Felipe, Directora del Jardín n° 3) y mi abuela (Gabriela Vesprini, cómplice, abuela de Felipe) deciden defenderlo e intentan callar y ocultar la verdad, con la complicidad del juzgado de familia donde no me escuchan, no me respetan, no respetan mis derechos, ni tienen en cuenta mi sufrimiento.
Hace un mes me citó el fiscal de la causa (Martin Govetto) y me comunica (tarde) que sin avisarme, ni tenerme en cuenta como víctima y principal afectada, decidieron junto con mi defensor realizar un Juicio Abreviado dónde Felipe Basso reconoció ser el autor y responsable de haberme abusado durante cuatro años.
A pesar de esto Basso queda sin condena, ni tratamiento psicológico (ya que ni siquiera le hicieron una pericia), porque decidieron “darle otra oportunidad” porque no tiene antecedentes penales y no pertenece a una clase social vulnerable. Según las palabras del fiscal la próxima vez que Felipe Basso cometa un delito, recién ahí van a aplicarle una pena. Entonces la oportunidad que le están dando es de que vuelva a cometer otro abuso.
Ningún organismo se ha hecho cargo de mi denuncia y de mi situación, UNICEF Argentina, El Ministerio de Desarrollo, La Defensoría del Pueblo, La Línea 144, La Línea 102, etc.
La jueza de familia (Marcela Trillini) le ha permitido a mi padre, Daniel Álvarez (cómplice), a dejar de cumplir con mis necesidades básicas, de estudio, de alimentación y de vivienda, ya que según ellos debería poder vivir, estudiar, y hacer lo que me gusta con $2000 por mes, y a pesar de esto, hace cuatro años, después de la denuncia que hice, me quieren obligar a revincularme con Daniel y su enferma familia.
Lo que yo entendí de todo esto, es que no me sirvió de nada acudir a la justicia, ni esperar que me defiendan y protejan. ¿Será que tengo que acudir a la justicia por mano propia?
Total yo también soy menor y merezco una segunda oportunidad…
Al final ¿Vale la pena denunciar?.
Les pido por favor que difundan, ya que la justicia social es la más efectiva.
Y que se cuiden para que a ninguno/a le pase lo que me paso a mi.
